El Juzgado de Primera Instancia número 41 de Barcelona ha declarado la nulidad de la cláusula 8ª del contrato de compraventa con subrogación y novación de préstamo hipotecario que esta socia de Apredef firmó hace once años. La afectada, una peluquera residente en Calella, suscribió un préstamo hipotecario con Banco Popular para adquirir el local comercial donde desarrolla su profesión.

Lo que no sabía esta socia es que al contratar su préstamo también estaba firmando una cláusula de “límites de variabilidad del tipo de interés aplicable a subrogados”. Una cláusula que no fue negociada y con la que, por lo tanto, esta empresaria no tuvo la oportunidad de escoger si la aceptaba o la rechazaba.

Aparentemente, “la cláusula tenía una redacción sencilla y clara, pero lo cierto es que se trataba de un documento extenso, de difícil lectura y no exento de complejidad”, según consta en esta reciente sentencia dictada. Precisamente para evitar que un elemento tan esencial como este no pase desapercibido en un contrato, la ley exige de manera expresa que se llame la atención del prestatario antes de firmar condiciones semejantes.  Un hecho que, durante la escritura, ni sucedió ni el notario hizo constar.

De hecho, esta obligación legal de informar sobre los riesgos que conlleva una contratación similar no puede ser sustituida por informaciones verbales que faciliten empleados de la entidad bancaria. Algo que tampoco ocurrió en el caso de esta socia, quien no recibió de la oficina información específica ni escrita donde se le advirtiera de forma clara y comprensible sobre los riesgos que existían.

Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, el Juez ha condenado a Banco Popular a abonar a la demandante las cantidades pagadas desde que la cláusula está suscrita y hasta que se elimine del préstamo de su local. Unos importes que se verán aumentados por el pago de los intereses y las costas.