El Real Decreto Ley 536/2017, de 26 de mayo, ha dado vida a una Comisión de seguimiento, control y evaluación de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Este órgano de seguimiento dependerá del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y estará formado por 8 miembros procedentes del Banco de España, el Ministerio de Justicia o el Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

La labor que efectuará esta Comisión será la de analizar la información proporcionada por las entidades bancarias y, a posteriori, se elaborará un informe semestral sobre el cumplimiento de la regularidad con la que trabajan para solucionar la reclamación extrajudicial en sí. Redactado el informe, el mismo se enviará a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados para que lo evalúen en consecuencia. De esta manera, se propondrán medidas de actuación, se analizará la información suministrada y se comprobarán las obligaciones de información.

Mediante este Real Decreto, se impone una nueva obligación a las entidades crediticias con la finalidad de garantizar el principio de transparencia y publicidad de las entidades bancarias en los procesos extrajudiciales.